(El Gobierno, presionado por la Iglesia y los sectores más conservadores, ha iniciado un giro involutivo)

Durante su primer año de mandato, el actual Gobierno socialista fue consecuente con su ideología laica y actuó con decisión y firmeza en cuestiones espinosas que entraban en conflicto con la Iglesia católica y que los gobiernos anteriores no fueron capaces de afrontar. Me refiero a la ley de matrimonios homosexuales y a la modificación del Código Civil en materia de divorcio. Los obispos calificaron la ley de matrimonios gay de retroceso en el camino de la civilización y vieron en ella una lesión grave de los derechos fundamentales del matrimonio y de la familia. De las medidas para agilizar los trámites de divorcio dijeron que colocaban el matrimonio al mismo nivel que los contratos de alquiler. Sin embargo, el Gobierno y el partido socialista no cedieron a las presiones episcopales y lograron coronar con éxito su aprobación en el Parlamento. Se trataba de ampliar el horizonte de los derechos humanos, de defender la libertad y la igualdad y eliminar los obstáculos que obligaban a algunos a vivir en pareja de manera clandestina y vergonzante.
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